Great Society

La “Great Society” alude al nombre de la sociedad considerada como necesaria por el presidente Lyndon B. Johnson para los Estados Unidos. Esa sociedad debía garantizar unos niveles dignos en educación, sanidad y asistencia social para todos los norteamericanos. Se trataría de uno de los principales puntales del sistema norteamericano de estado del bienestar. En el año 1964, en plenas elecciones presidenciales, Johnson lanzó este programa, que llevó al Congreso aludiendo a una verdadera “guerra contra la pobreza”, y planteando la necesidad del establecimiento de un sistema de seguridad social para las personas mayores y los jóvenes, un programa de construcción de viviendas sociales y una política educativa. Este ambicioso programa iba unido a otro de lucha contra la segregación racial.

Las políticas de Johnson chocaron contra los extremistas blancos en contra de lo que consideraban privilegios del Servicio de Asistencia Social Americano y tuvieron que desarrollarse en medio de la protesta contra la guerra de Vietnam que fue minando a la administración demócrata.

Pero a pesar de las enormes dificultades, cuando Johnson abandonó la presidencia en el año 1969 dejó creado un sistema social que no había existido en los Estados Unidos, además de un gran conjunto de reformas sociales: el Medicare y el Medicaid, en relación con la sanidad. También, dejó un programa de cartillas de comida para los pobres, planes educativos y de viviendas sociales.

Es interesante comentar como Johnson ha pasado a la historia como el sucesor de Kennedy y como el presidente que involucró completamente a los Estados Unidos en Vietnam, es decir, por un lado con un perfil mucho más bajo del carismático anterior presidente, y por otro manchado por Vietnam, pero pocos presidentes han tenido tanta preocupación social.

Breve aproximación a la historia de la Seguridad Social en España. Cuarta y última Parte

En la guerra civil los dos bandos establecieron una serie de medidas en relación con la previsión social. El Instituto Nacional de Previsión se duplicó, es decir, tuvo una existencia simultánea en las dos zonas. En la zona leal a la República se intensificaron las medidas. Es de destacar la labor realizada por Federica Montseny como ministra de Sanidad y Asistencia Social, cargo que desempeñó entre noviembre de 1936 y mayo de 1937, aunque muchos de sus proyectos no pudieron culminarse por el poco tiempo en el que estuvo al frente del ministerio y por las circunstancias de la guerra. En relación con los seguros sociales su mayor preocupación fue hacia la maternidad, la infancia, y la inserción de prostitutas y minusválidos. En el bando sublevado y al terminar la guerra, también, se prolongaron algunas de las medidas establecidas anteriormente, como el Retiro Obrero y el Seguro de Vejez, luego de Vejez, Invalidez y Muerte. En 1943 se establece el Seguro de Viudedad, así como el de Enfermedad, dos años después. También se establecieron el seguro de enfermedades profesionales, el seguro nacional de desempleo y los subsidios familiares. El Instituto Nacional de Previsión se tuvo que ir reestructurando a medida que se ampliaban los seguros sociales. En todo caso, el franquismo potenció el modelo de mutualidades laborales, que se mantuvo hasta su caída.

En los años sesenta se dará el proceso de transformación de los diversos seguros sociales en un sistema integrado de Seguridad Social, como señalamos en la primera entrega de este trabajo. El 18 de diciembre de 1963 se aprueba la Ley de Bases de la Seguridad Social. Se crea el Régimen General de la Seguridad Social gestionado por el Instituto Nacional de Previsión aunque conjuntamente con las Mutualidades Obreras.

La democracia trajo importantes y decisivos cambios en relación con la Seguridad Social. La Constitución de 1978establece en su artículo 41 que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.”. El artículo 43 se dedica, íntegramente, a reconocer y garantizar el derecho y protección a la salud. También, los artículos 49 y 50 garantizan los derechos de minusválidos y de la tercera edad, respectivamente.

En el mismo año que se aprueba la Constitución el INP desaparece y sus funciones pasaron a ser competencia del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

La Ley General de Sanidad del 23 de abril de 1985 marcó otro hito fundamental en la historia de la Seguridad Social española. A finales de esa década se universaliza la asistencia sanitaria y en 1990 se aprueba la ley que garantiza prestaciones no contributivas en la Seguridad Social.

Con esta cuarta parte terminamos el breve estudio sobre la historia de la Seguridad Social española, insistiendo, de nuevo, como hacíamos al principio, en la necesidad de que los revisionismos historiográficos que estamos padeciendo en nuestro país intentan inventarse un pasado que no pasó o solamente a medias. Hemos hecho un recorrido por las aportaciones de cada época: el reinado de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, la República, la época de la guerra civil, el franquismo y la democracia, sin intentar reivindicar ninguna, solamente acercarnos al conocimiento sereno de un proceso largo y complejo, desde la época de los seguros sociales a la de un sistema integrado de Seguridad Social y la universalización de la misma. Ni el franquismo creó la Seguridad Social, como se nos intenta contar ahora, ni, por supuesto, se desatendió la cuestión, ya que la Ley de 1963 es importante en esta historia.

Breve aproximación a la historia de la Seguridad Social en España. Tercera Parte

Después de la Primera Guerra Mundial se inicia una nueva fase en relación con los derechos sociales, al incorporarse a los textos constitucionales, aspecto fundamental a la hora de estudiar la historia de la seguridad social. Asistimos a la constatación de un creciente intervencionismo social de los estados. La Constitución de Weimar constituye un texto clave en esta época, ya que fue la primera que incorporó los derechos sociales: existencia digna, obligaciones sociales de la propiedad, vivienda digna, protección de la mano de obra y los seguros sociales. Curiosamente, en la URSS hubo que esperar a la Constitución de 1936 para que se recogieran estos derechos en el máximo nivel legal. En este contexto destacó, sin lugar a dudas, la Constitución de la II República española.

La Constitución de 1931 reconoció un amplio abanico de derechos sociales. En el artículo 43, dentro del capítulo de “Familia, economía y cultura” se establece que el Estado “prestará asistencia a los enfermos y ancianos, y protección a la maternidad y a la infancia, haciendo suya la “Declaración de Ginebra” o tabla de los derechos del niño”. El artículo 46 decía: “La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección de la maternidad…” Estos dos artículos son claves, por tanto, en la historia del constitucionalismo español porque reconocen los derechos sociales en España por vez primera, obligando al estado a que interviniese para su garantía y cumplimiento. Se trata, pues, de un hito fundamental en la historia de la seguridad social.

La primera medida tomada en el área de los seguros sociales por parte del gobierno provisional fue el establecimiento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo. El 12 de junio de 1931 se aprueba la Ley de Accidentes de Trabajo y se aplica, también al sector agrícola. El reglamento entraría en vigor en agosto de ese año. El 4 de julio de 1932 aparece la Ley de Indemnización por Accidentes de Trabajo en la Industria, con reglamento de enero del año siguiente. Para completar esta legislación sobre los riesgos en el trabajo se creó la Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo.

El paro fue una creciente preocupación para los gobiernos de la República, debido a la crisis económica internacional de 1929. Pero conviene señalar que, anteriormente, había comenzado a tratarse esta cuestión en tiempos de Alfonso XIII con una serie de proyectos y anteproyectos que no terminaron por cuajar en un seguro de desempleo. La historia comienza con un Decreto de 5 de marzo de 1910, otro de 18 de marzo de 1919, siguiendo con el Anteproyecto de Ley del Seguro de Paro Forzoso de 1921, el Anteproyecto de Bases contra el Paro forzoso y la Orden de 25 de abril de 1928. Ya establecida la República se aprobó un Decreto que creaba el servicio para el fomento y régimen de la Previsión contra el Paro involuntario del trabajo. Pero la disposición más importante se dio con la Ley contra el Paro de 7 de julio de 1934, seguida por un proyecto de ley contra el paro involuntario que apareció en la Gaceta de Madrid en mayo de 1935 y que se revisó en 1936 (Gaceta de 15 de julio).

Breve aproximación a la historia de la Seguridad Social en España. Segunda Parte

En la época de la Restauración la demanda obrera sobre mejoras en las condiciones laborales y de vida motivó que, aunque de forma tímida, comenzaran a tenerse en cuenta estas cuestiones por parte del sistema político. El primer intento de abordar la cuestión social pasó por el establecimiento de la Comisión de Reformas Sociales, con objeto de “estudiar todas las cuestiones que directamente interesan a la mejora o bienestar de las clases obreras, tanto agrícolas como industriales, y que afectan a las relaciones entre el capital y el trabajo”. Esta Comisión se creó por un decreto de 5 de diciembre de 1883, a propuesta del ministro de la Gobernación, Segismundo Moret, aunque no adquirió su nombre de forma institucional hasta el año 1890. La Comisión realizó una amplia investigación sobre los aspectos para los que fue creada. Para ello se empleó un exhaustivo cuestionario elaborado por su secretario, Gumersindo de Azcárate. Parte de esta información fue publicada entre 1889 y 1893, y constituye una interesante fuente histórica para el conocimiento de la sociedad española del momento. Esta es la gran aportación de la Comisión porque no consiguió que los proyectos de leyes sociales que presentó a los distintos gobiernos fueran tenidos en cuenta y que se tradujesen en leyes. Faltaba aún que cundiera la idea de la intervención del Estado en materias laborales y sociales, verdadero anatema para el liberalismo más clásico, aunque en el paso al nuevo siglo, en el seno de los partidos dinásticos, comenzó a plantearse la idea de dicha intervención, siguiendo el ejemplo alemán, aunque con un evidente retraso.

El testigo en el planteamiento de reformas sociales fue tomado en el año por el Instituto de Reformas Sociales. En este caso, fueron los conservadores, con Francisco Silvela, los que crearon este organismo, aunque hubo un frustrado intento previo de Canalejas de crear un Instituto del Trabajo. El Instituto de Reformas Sociales nació por un decreto de 23 de mayo de 1903 como un organismo integrado en el Ministerio de la Gobernación. Sus objetivos pasaban por preparar proyectos de ley en relación con el trabajo con el fin de mejorar las condiciones laborales y de vida de los obreros, así como organizar los servicios estadísticos y de inspección para poder llevar a cabo la tarea encomendada. El Instituto se basó en la idea de la búsqueda de la armonía entre empresarios y trabajadores y debía convertirse en el instrumento del Estado en esta materia. Se organizó en diversas juntas con representantes de patronos y obreros, pero las organizaciones obreras rechazaron o ignoraron al Instituto, mientras que los empresarios desconfiaban de la creciente intervención pública en materia laboral y social. El Instituto recabó una ingente información, publicó estadísticas sobre materias laborales y sociales, así como informes sobre lo que se hacía en otros países pero fracasó en la integración entre el capital y el trabajo y en procurar mejoras socio-laborales para los obreros. La conflictividad social en los años previos a la Dictadura de Primo de Rivera terminó por desbordar al Instituto. Fue disuelto por un decreto de 2 de mayo de 1924.

Pero el Instituto de Reformas Sociales elaboró un proyecto importante en la historia de la previsión social en España. Nos referimos al que permitió la creación por un gobierno de Eduardo Dato, en 1908, del Instituto Nacional de Previsión, organismo que duró hasta el año 1978. Dicho Instituto tenía como objetivos gestionar la Caja de Pensión Central, difundir e inculcar la previsión popular en relación con las pensiones de retiro y administrar la mutualidad de asociados que voluntariamente se constituyera bajo su patronato. El INP estaba regido por un Consejo del Patronato en el que debía haber de forma obligatoria representantes de los obreros y de los patronos, mientras que su presidente era elegido por el gobierno. El INP recibió el apoyo de algunas cajas de ahorro, como entidades colaboradoras. Pero, al principio, las prestaciones de las pensiones fueron muy escasas y se limitaron a los asociados, que, como hemos reseñado, lo eran de forma voluntaria, no consiguiéndose que arraigase la mutualidad en las clases trabajadores. Tampoco se obtuvo el apoyo financiero de muchas cajas de ahorro.

A partir de 1919 se inicia una segunda etapa del Instituto, que duraría hasta la proclamación de la II República. En ese año se constituyó el primer seguro social obligatorio, el seguro de vejez o Retiro obrero, aunque hubo que esperar a 1921 para que se aprobase su reglamento. Este seguro estableció las bases sobre las que terminaron por regirse otros seguros: la obligatoriedad en la afiliación, y la cotización tripartita entre obreros, patronos y administración. Además, en esta fase se comienza a trabajar en la línea de una creciente coordinación e integración de los diversos seguros: el 20 de noviembre de 1919 se aprueba un decreto que establece el plan de seguros sociales que debía administrar el INP, aunque sin llegar aún al establecimiento de un sistema integrado total de Seguridad Social.

En la Dictadura de Primo de Rivera se aprobó el subsidio de familias numerosas, en junio de 1926. Por un decreto del año 1929 se creó el seguro de maternidad. Por vez primera, a su vez, se abordó de una forma más clara la cuestión de los emigrantes: en septiembre de 1924 se creó el Tesoro del Emigrante y se puso en marcha la Dirección General de Emigración. En esta época hubo un intento de que se homologasen en España los principios internacionales del Derecho del Trabajo. De hecho, en el proyecto de constitución con el que Primo de Rivera pretendió la institucionalización de su régimen político, aparecieron algunos derechos sociales, aunque habría que esperar a la Constitución de 1931 para que éstos se reconociesen por vez primera en la historia del constitucionalismo español.

Breve aproximación a la historia de la Seguridad Social en España. Primera parte

España asistió durante el siglo XX, como el resto de los países occidentales, al desarrollo de la previsión social, aunque con sus peculiaridades, propias de su devenir histórico. Los estudiosos de la Seguridad Social estiman que habría dos etapas en el proceso de su creación. La primera fase es conocida por la de los seguros sociales que, en Europa, duraría hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente. En España esta etapa llegaría hasta el año 1963 con la aprobación de la Ley de Bases para la Seguridad Social, es decir, con casi veinte años de retraso, en relación con la mayoría de los países occidentales. Esta primera etapa se caracterizaría por la creación, por parte del Estado, de una serie de seguros sociales dedicados a afrontar los riesgos de carácter biológico, como serían los de la edad, enfermedad y muerte, así como los provocados por el ejercicio laboral: la invalidez, los accidentes laborales y el paro. Todos estos riesgos amenazarían al trabajador con la pérdida de su trabajo y, por lo tanto, del salario. Los seguros sociales serían independientes, ya que, cada uno atendería un riesgo específico, con formas autónomas de administrar las prestaciones.

La segunda fase sería la de la integración todos los seguros en una misma legislación y con una administración común, es decir, se tratarían todos los riesgos desde un planteamiento global. conociéndose desde entonces como la Seguridad Social. Mientras que los alemanes están considerados los pioneros en la legislación de seguros de previsión social, los británicos serían, especialmente, con los gobiernos laboristas de posguerra, los que establecerían el modelo más acabado de Seguridad Social, dentro de los presupuestos del Estado del Bienestar.

Fair Deal

El New Deal es muy conocido por el público en general, y más en estos tiempos de crisis cuando se "echa mano" del pasado para encontrar posibles paralelismos y soluciones. Estamos asistiendo al debate en Estados Unidos sobre la mejora en la asistencia sanitaria, además de acerca del estado del bienestar en todo Occidente. Pero el Fair Deal es mucho menos conocido. Teniendo en cuenta su importancia en la historia de los derechos y políticas sociales, tema que tiene su cabida en este blog, preocupado por las acciones en favor de los desfavorecidos, podemos detenernos en el mismo en un artículo.

Debemos partir del hecho que el Fair Deal fracasó pero no por ello no merece su estudio y conocimiento porque nos informa de muchas cuestiones sobre la época en la que se intentó implantar.

Fair Deal es el término que alude a la politica interior del presidente Truman a principios del año 1949. Después de su inesperada victoria electoral, diseñó un ambicioso programa de política social mucho más avanzada que el establecido en el New Deal de su predecesor. Se pretendía introducir mejoras en la materia de los derechos civiles, prácticas justas en el empleo, en la educación, en la sanidad pública, en prestaciones sociales, abordar un plan de viviendas de protección oficial para las familias de rentas más bajas, y controlar los precios de alquileres y subsidios agrarios. En el plan se preveía la garantía del pleno empleo, y el aumento del salario mínimo. Se trataría, en realidad, de la construcción de un estado del bienestar.

Los enemigos de este vasto y ambicioso proyecto eran muchos entre la clase política norteamericana, en ambos partidos. Se formó una coalición de republicanos y demócratas conservadores del Sur que bloquearon la mayoría de las medidas presentadas para su aprobación en el Congreso. Ese estado del bienestar era demasiado radical para el hiperliberalismo económico norteamericano.

Por otro lado, no ayudaron mucho para sacar adelante esta legislación los escándalos que salpicaron a algunos miembros de la Administración, ni la invasión comunista de China sobre Corea con la consiguiente guerra. Truman salió muy debilitado de todo este clima político pero, al menos, consiguió sacar adelante algunos avances en materia de alojamiento y seguridad social.

Algunos apuntes sobre la creación del Estado del bienestar

El Estado del Bienestar supone la principal reforma del Estado Liberal clásico y que pretende superar la crisis de legitimidad que comenzó a sufrir pero sin abadonar la estructura jurídica y política del mismo. El estado liberal clásico se sustentaba en el reconocimiento de derechos individuales y el establecimiento de sus garantías. Pues bien, el estado del bienestar ahondaría en el reconocimiento de derechos pero de tipo colectivo, y garantizarlos a través de servicios y medios sociales. Su origen está en el siglo XIX, y en algunas de las Constituciones de principios del siglo XX, pero no va a ser hasta después de la II Guerra Mundial cuando encuentre las circunstancias históricas adecuadas para su establecimiento. La reconstrucción de Europa se plantea bajo la idea de la seguridad social para los ciudadanos para evitar los errores de la última postguerra.
El estado del bienestar supone un cierto reajuste del sistema capitalista y del estado liberal. Se abandona la idea de un estado mínimo no intervencionista y se acepta un cierto dirigismo o intervención en la vida económica para solucionar las disfunciones del mercado, y aminorar las desigualdades sociales.
El estado del bienestar tiene en el famoso "Informe Beveridge" que puso en marcha el sistema en el Reino Unido, uno de sus documentos básicos. En dicho informe se defiende la idea de la responsabilidad del gobierno a la hora de proporcionar a la población una sanidad gratuita, pensiones universales y acceso a la vivienda.
La cobertura de estos servicios iba acompañada de la estrategia del pleno empleo según las directrices keynesianas de inversión pública.
Todo este modelo generó un crecimiento económico sin par y una gran estabilidad social en Europa hasta la crisis de los años setenta.