La Orden 270

En un artículo anterior hemos aludido a la Orden 270 dada por Stalin en la II Guerra Mundial. Pues bien, la Orden 270, de 16 de agosto de 1941, decía que se considerarían traidores y enemigos del pueblo a todos los oficiales y soldados que cayeran prisioneros de guerra; sus familias serían reprimidas, y como mínimo se les privaría de las raciones alimenticias. Es evidente que esta disposición se dio en un momento crítico de imparable ofensiva alemana pero su carácter era indiscriminado y afectó por igual a verdaderos traidores como a soldados que no pudieron más que rendirse ante la superioridad del enemigo, que se encontraban heridos, mutilados o aislados. Por otro lado, vulneraba la legislación sobre prisioneros de guerra, precisamente no por los que hacian esos prisioneros sino por el estado del que eran naturales.

Juntas Militares de Defensa

Las Juntas Militares de Defensa fueron asambleas o grupos de jefes y oficiales de infantería que surgieron en 1916 y duraron hasta 1922. Nacieron con un elevado espíritu corporativo por varias causas. Por un lado, recogían parte del ideario regeneracionista, pero, además los militares estaban preocupados por el elevado coste de la vida en plena Guerra Mundial en España, y que les afectaba directamente. Pero, sobre todo, sus integrantes eran contrarios a los militares africanistas, o más bien, contra las autoridades del Ministerio de la Guerra que ascendían a dichos militares por méritos de guerra de forma muy rápida frente a los ascensos por antigüedad, muchísimo más lentos.

El pretexto que impulsó a la creación de estas Juntas se produjo a causa de la orden del gobierno de Romanones de exigir pruebas de aptitud a los oficiales que quisieran ascender. Los militares consideraron estas pruebas como humillantes. Los propios artilleros se negaron a efectuarlas, y el arma de Infantería se sumó a este plante. En Cataluña comenzaron a funcionar las primeras Juntas. La figura principal sería el coronel del Regimiento Vergara de Barcelona, Benito Márquez. En mayo del año siguiente, el capitán general de Cataluña, Alfau, arrestó a los principales protagonistas. Pero ante el aumento de la tensión con el Manifiesto de las Juntas, donde se recogían las quejas de los militares, el gobierno cedió y se ordenó liberar a Márquez y demás arrestados.

Tenemos que tener en cuenta que el movimiento de las Juntas militares gozó, al principio, de cierto predicamento social, desde algunos periódicos y tribunas de opinión, y el propio monarca no desaprobaba a estos militares.

El ministro La Cierva maniobró para dividir a los junteros al aceptar algunas de las reivindicaciones de tipo técnico o militar. Pero el gobierno liberal de García Prieto era contrario a las juntas por considerar que se inmiscuían en asuntos que sólo competían al poder civil. Eso le valió su caída. Vueltos los conservadores con Eduardo Dato, y con el veterano Fernando Primo de Rivera como ministro de la Guerra, se reconoció a las Juntas. A cambio, estos militares acudieron en ayuda del gobierno cuando estalló la huelga general.

En 1922 las Juntas decaían y fueron disueltas por Sánchez Guerra. Habían perdido su poder, y su prestigio inicial, pero, sobre todo, tenían la fuerte oposición de los militares africanistas. Estos militares acusaban a los junteros de cobardes, burócratas e insolidarios con el sufrimiento que padecían los que luchaban en Marruecos.