En la época de la Restauración la demanda obrera sobre mejoras en las condiciones laborales y de vida motivó que, aunque de forma tímida, comenzaran a tenerse en cuenta estas cuestiones por parte del sistema político. El primer intento de abordar la cuestión social pasó por el establecimiento de la Comisión de Reformas Sociales, con objeto de “estudiar todas las cuestiones que directamente interesan a la mejora o bienestar de las clases obreras, tanto agrícolas como industriales, y que afectan a las relaciones entre el capital y el trabajo”. Esta Comisión se creó por un decreto de 5 de diciembre de 1883, a propuesta del ministro de la Gobernación, Segismundo Moret, aunque no adquirió su nombre de forma institucional hasta el año 1890. La Comisión realizó una amplia investigación sobre los aspectos para los que fue creada. Para ello se empleó un exhaustivo cuestionario elaborado por su secretario, Gumersindo de Azcárate. Parte de esta información fue publicada entre 1889 y 1893, y constituye una interesante fuente histórica para el conocimiento de la sociedad española del momento. Esta es la gran aportación de la Comisión porque no consiguió que los proyectos de leyes sociales que presentó a los distintos gobiernos fueran tenidos en cuenta y que se tradujesen en leyes. Faltaba aún que cundiera la idea de la intervención del Estado en materias laborales y sociales, verdadero anatema para el liberalismo más clásico, aunque en el paso al nuevo siglo, en el seno de los partidos dinásticos, comenzó a plantearse la idea de dicha intervención, siguiendo el ejemplo alemán, aunque con un evidente retraso.
El testigo en el planteamiento de reformas sociales fue tomado en el año por el Instituto de Reformas Sociales. En este caso, fueron los conservadores, con Francisco Silvela, los que crearon este organismo, aunque hubo un frustrado intento previo de Canalejas de crear un Instituto del Trabajo. El Instituto de Reformas Sociales nació por un decreto de 23 de mayo de 1903 como un organismo integrado en el Ministerio de la Gobernación. Sus objetivos pasaban por preparar proyectos de ley en relación con el trabajo con el fin de mejorar las condiciones laborales y de vida de los obreros, así como organizar los servicios estadísticos y de inspección para poder llevar a cabo la tarea encomendada. El Instituto se basó en la idea de la búsqueda de la armonía entre empresarios y trabajadores y debía convertirse en el instrumento del Estado en esta materia. Se organizó en diversas juntas con representantes de patronos y obreros, pero las organizaciones obreras rechazaron o ignoraron al Instituto, mientras que los empresarios desconfiaban de la creciente intervención pública en materia laboral y social. El Instituto recabó una ingente información, publicó estadísticas sobre materias laborales y sociales, así como informes sobre lo que se hacía en otros países pero fracasó en la integración entre el capital y el trabajo y en procurar mejoras socio-laborales para los obreros. La conflictividad social en los años previos a la Dictadura de Primo de Rivera terminó por desbordar al Instituto. Fue disuelto por un decreto de 2 de mayo de 1924.
Pero el Instituto de Reformas Sociales elaboró un proyecto importante en la historia de la previsión social en España. Nos referimos al que permitió la creación por un gobierno de Eduardo Dato, en 1908, del Instituto Nacional de Previsión, organismo que duró hasta el año 1978. Dicho Instituto tenía como objetivos gestionar la Caja de Pensión Central, difundir e inculcar la previsión popular en relación con las pensiones de retiro y administrar la mutualidad de asociados que voluntariamente se constituyera bajo su patronato. El INP estaba regido por un Consejo del Patronato en el que debía haber de forma obligatoria representantes de los obreros y de los patronos, mientras que su presidente era elegido por el gobierno. El INP recibió el apoyo de algunas cajas de ahorro, como entidades colaboradoras. Pero, al principio, las prestaciones de las pensiones fueron muy escasas y se limitaron a los asociados, que, como hemos reseñado, lo eran de forma voluntaria, no consiguiéndose que arraigase la mutualidad en las clases trabajadores. Tampoco se obtuvo el apoyo financiero de muchas cajas de ahorro.
A partir de 1919 se inicia una segunda etapa del Instituto, que duraría hasta la proclamación de la II República. En ese año se constituyó el primer seguro social obligatorio, el seguro de vejez o Retiro obrero, aunque hubo que esperar a 1921 para que se aprobase su reglamento. Este seguro estableció las bases sobre las que terminaron por regirse otros seguros: la obligatoriedad en la afiliación, y la cotización tripartita entre obreros, patronos y administración. Además, en esta fase se comienza a trabajar en la línea de una creciente coordinación e integración de los diversos seguros: el 20 de noviembre de 1919 se aprueba un decreto que establece el plan de seguros sociales que debía administrar el INP, aunque sin llegar aún al establecimiento de un sistema integrado total de Seguridad Social.
En la Dictadura de Primo de Rivera se aprobó el subsidio de familias numerosas, en junio de 1926. Por un decreto del año 1929 se creó el seguro de maternidad. Por vez primera, a su vez, se abordó de una forma más clara la cuestión de los emigrantes: en septiembre de 1924 se creó el Tesoro del Emigrante y se puso en marcha la Dirección General de Emigración. En esta época hubo un intento de que se homologasen en España los principios internacionales del Derecho del Trabajo. De hecho, en el proyecto de constitución con el que Primo de Rivera pretendió la institucionalización de su régimen político, aparecieron algunos derechos sociales, aunque habría que esperar a la Constitución de 1931 para que éstos se reconociesen por vez primera en la historia del constitucionalismo español.
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