El fenómeno de las colectivizaciones industriales se da, especialmente en Cataluña, la primera región industrial del país. Por un lado, hay un fenómeno de asunción de poderes por parte del pueblo, tomando las fábricas y talleres, en una suerte de “revolución espontánea” pero, por otro lado, se genera una espiral de violencia, traducida en persecución de enemigos políticos y de represión de clase.
Conviene detenerse en los primeros momentos de julio de 1936 en los que se mezclan, como hemos señalado, el idealismo y la violencia. La primera medida que se toma nada más ser derrotados los sublevados en Barcelona no fue, realmente, la toma de fábricas y talleres para realizar el cambio revolucionario y comenzar a producir pensando en una nueva sociedad, sino la toma de medidas, por parte de los dirigentes obreros, para combatir y derrotar la posible contrarrevolución.
En agosto se comprobó, una vez que, realmente el peligro de esa posible contrarrevolución se había conjurado, que la situación industrial catalana no estaba en una situación boyante. El textil catalán llevaba tiempo en una profunda crisis y no cabía esperar una salida de la misma por la asunción de la gestión de las empresas por parte de los obreros. La guerra, además, empeoró esa crisis por una evidente contracción de la demanda y por las dificultades para la importación. El índice de producción cayó de forma vertiginosa en el verano y otoño. Además, el aumento de salarios no fue suficiente ante el enorme incremento del coste de la vida. Tenemos que tener en cuenta, como dificultad añadida, que Cataluña estaba recibiendo a miles de refugiados de zonas tomadas por los sublevados; hacia el final de 1936 la Generalitat calculó que había unos trescientos mil.
Esta compleja y difícil situación fue abordada con una mezcla de elementos revolucionarios y otros del más puro modelo capitalismo, aunque todo estuviera dirigido por sindicatos y comités obreros. El 24 de octubre de 1936 se dio el famoso Decreto de Colectivizaciones (el texto se puede consultar en este mismo blog). Como consecuencia del mismo, se estableció un aparato administrativo con apoyo anarquista del consejero de Economía, el anarcosindicalista Joan Fábregas. El Decreto establecía que debían colectivizarse las empresas que antes del 30 de junio de 1936 tuvieran más de cien obreros, aquellas cuyos propietarios hubieran sido declarados fascistas por sentencia de un tribunal popular o que hubiesen sido abandonadas por ellos, las empresas de cincuenta a cien obreros si así lo decidían las tres cuartas partes, y las de menos de cien trabajadores si la mayoría se ponía de acuerdo y con la conformidad del propietario. Este Decreto ofrecía, pues, la dirección de las empresas colectivizadas a los obreros y mantenía la pequeña industria como propiedad privada. Medidas similares se establecieron en el País Valenciano.
La situación económica siempre fue muy difícil por la guerra: problemas de abastecimiento como consecuencia del encarecimiento de los bienes de consumo, descenso de los salarios reales, utilización de materias primas y bienes de peor calidad y aparición del mercado negro. Este panorama generó tensiones y protestas, siendo la otra cara del fenómeno de conquista del poder por la clase obrera y el fin de la lucha de clases, que supusieron las colectivizaciones industriales.
http://colectivizaciones.blogspot.com
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